LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) – Los antiguos legisladores del Código Masónico Cubano, al adoptar los Antiguos Límites de la Fraternidad como las Leyes Fundamentales para el gobierno de la Gran Logia de Cuba, inscribieron a este organismo en el concierto de la Masonería Regular Universal. Entre estas normas está la que prohíbe el debate de asuntos políticos o religiosos en las logias. En la época en que se adoptaron estos principios, en la Isla regia el pluralismo socio-político-económico, y existían suficientes espacios en el país, en donde abordar dichos temas. Este no es el caso de Cuba “socialista”, en donde el régimen considera que todo es político.
Esta prohibición vino como anillo al dedo al régimen castrista, que tomó la exclusión como justificación “legal” para prohibir a los masones inmiscuirse en temas que el gobierno considera de su exclusiva incumbencia; tales como la educación, la salud y la asistencia social.
No obstante, al considerar los fines de la Francmasonería, que son: disipar la Ignorancia, combatir el vicio e inspirar amor a la humanidad, surge la pregunta, ¿cómo pueden los masones acometer este deber si a la Institución se le niega el derecho a incidir en su entorno social?
Teniendo en cuenta que el Estado es el factor omnipresente en todos los aspectos de la vida nacional, ¿resulta procedente prohibir a los masones tratar en logia asuntos relacionados al estado de la educación, la salud, asistencia social, el desempleo o las dificultades económicas por las que atraviesan los propios masones como parte que son de la nación? Obsérvese que no se ha tratado de los derechos humanos, aspecto por el cual la Masonería, que se define como la Institución Orgánica de la Moralidad, tiene la obligación y el derecho de velar.
Además, considerando que para ser masón se necesita ser un buen ciudadano; es decir, alguien que ponga en práctica sus derechos civiles, entre los cuales está el conocimiento del desarrollo de la política, la economía, y la educación, seguidas por el gobierno del país. La prohibición de tratar estas cuestiones en las logias, constituye una incoherencia y un despropósito de los fines y principios de la Institución, lo que traerá graves consecuencias al desarrollo futuro de la Masonería.
Por ser la religión y la política conceptos cambiantes en el tiempo, y hallándose inmerso el país en el análisis de cómo resolver la crisis por la que la nación atraviesa, el masón está obligado a buscar en la investigación y la discusión de las realidades por la que atraviesa la sociedad cubana, para contribuir como ciudadanos al progreso de la propia Institución, y del país.
Si hasta el presente, la prohibición de discutir asuntos políticos en las logias constituía una conveniencia, tanto para el régimen como para quienes en distintas épocas gobernaron la Gran Logia; hoy ello constituye una apostasía a la historia y tradiciones masónicas.
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Fuente: CubaNet.org
Esta prohibición vino como anillo al dedo al régimen castrista, que tomó la exclusión como justificación “legal” para prohibir a los masones inmiscuirse en temas que el gobierno considera de su exclusiva incumbencia; tales como la educación, la salud y la asistencia social.
No obstante, al considerar los fines de la Francmasonería, que son: disipar la Ignorancia, combatir el vicio e inspirar amor a la humanidad, surge la pregunta, ¿cómo pueden los masones acometer este deber si a la Institución se le niega el derecho a incidir en su entorno social?
Teniendo en cuenta que el Estado es el factor omnipresente en todos los aspectos de la vida nacional, ¿resulta procedente prohibir a los masones tratar en logia asuntos relacionados al estado de la educación, la salud, asistencia social, el desempleo o las dificultades económicas por las que atraviesan los propios masones como parte que son de la nación? Obsérvese que no se ha tratado de los derechos humanos, aspecto por el cual la Masonería, que se define como la Institución Orgánica de la Moralidad, tiene la obligación y el derecho de velar.
Además, considerando que para ser masón se necesita ser un buen ciudadano; es decir, alguien que ponga en práctica sus derechos civiles, entre los cuales está el conocimiento del desarrollo de la política, la economía, y la educación, seguidas por el gobierno del país. La prohibición de tratar estas cuestiones en las logias, constituye una incoherencia y un despropósito de los fines y principios de la Institución, lo que traerá graves consecuencias al desarrollo futuro de la Masonería.
Por ser la religión y la política conceptos cambiantes en el tiempo, y hallándose inmerso el país en el análisis de cómo resolver la crisis por la que la nación atraviesa, el masón está obligado a buscar en la investigación y la discusión de las realidades por la que atraviesa la sociedad cubana, para contribuir como ciudadanos al progreso de la propia Institución, y del país.
Si hasta el presente, la prohibición de discutir asuntos políticos en las logias constituía una conveniencia, tanto para el régimen como para quienes en distintas épocas gobernaron la Gran Logia; hoy ello constituye una apostasía a la historia y tradiciones masónicas.
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Fuente: CubaNet.org
